Junio 2026
Desarrollar una nueva solución para proteger los cultivos de plagas, malezas y enfermedades es un proceso largo, complejo y altamente regulado. Detrás de cada nuevo producto que llega al campo hay años de investigación científica, pruebas de eficacia, estudios toxicológicos y ambientales, ensayos en campo y rigurosas evaluaciones regulatorias.
El estudio Time and Cost of New Agrochemical Product Discovery, Development and Registration, elaborado recientemente por AgbioInvestor para CropLife International, confirma la magnitud de este esfuerzo: llevar un nuevo ingrediente activo para la protección de cultivos desde su desarrollo hasta el mercado requiere, en promedio, 11,4 años y una inversión de US$307 millones.
Esta cifra refleja el alto nivel de ciencia, tecnología y evaluación que respalda a las soluciones modernas para la protección de cultivos. También muestra por qué la innovación agrícola necesita marcos regulatorios sólidos, eficientes, predecibles y basados en evidencia científica.
Una década de ciencia antes de llegar al campo
El desarrollo de una nueva molécula inicia con la etapa de investigación, en la que se sintetizan y evalúan posibles ingredientes activos. Estos candidatos pasan por pruebas biológicas para identificar su eficacia frente a plagas, enfermedades o malezas, así como por evaluaciones preliminares de seguridad humana, comportamiento ambiental y viabilidad comercial.
Según el estudio, la investigación de un nuevo ingrediente activo alcanzó un costo promedio de US$133 millones en el periodo 2020-2023. Dentro de esta fase, la química de investigación representó el mayor componente individual del gasto, con US$75 millones, lo que evidencia la complejidad científica necesaria para descubrir nuevas soluciones.
Una vez identificada una molécula con potencial, comienza la etapa de desarrollo. Allí se realizan estudios de formulación, producción piloto, ensayos de campo, evaluaciones toxicológicas, estudios ambientales y pruebas necesarias para construir los expedientes que serán evaluados por las autoridades regulatorias.
Los ensayos de campo son una parte fundamental de este proceso. Permiten comprobar el desempeño del producto en condiciones reales, en diferentes cultivos, regiones, climas y sistemas productivos. En el periodo analizado, esta etapa representó cerca de US$59 millones del costo total.
Seguridad, eficacia y ambiente: el corazón del proceso regulatorio
Los productos para la protección de cultivos, plaguicidas o fitosanitarios no llegan al mercado sin controles. Antes de ser aprobados, deben demostrar que son eficaces para el uso propuesto y que cumplen con exigentes criterios de seguridad para las personas, los cultivos, el ambiente y el comercio agrícola.
El estudio muestra que los costos de registro alcanzaron un promedio de US$35 millones en 2020-2023, equivalentes a cerca del 12% del gasto total. Aunque esta cifra disminuyó frente al periodo anterior, continúa siendo alta en términos históricos. En 1995, los costos de registro eran de US$13 millones y representaban el 8,6% del total.
Este crecimiento de largo plazo refleja una realidad: los sistemas regulatorios han aumentado sus requerimientos de información, estudios y documentación. Por eso, contar con procesos regulatorios modernos y basados en ciencia es clave para garantizar evaluaciones rigurosas, pero también oportunas.
Innovar es responder a los desafíos del agro
La agricultura enfrenta presiones crecientes: producir más alimentos, hacerlo de manera sostenible, adaptarse al cambio climático, proteger la biodiversidad, manejar nuevas plagas y enfermedades, y responder a las exigencias de los mercados internacionales.
En este contexto, la innovación en protección de cultivos es una herramienta fundamental. Nuevas moléculas, mejores formulaciones, soluciones biológicas, tecnologías digitales y prácticas de manejo integrado permiten a los agricultores proteger sus cosechas, mejorar la productividad y reducir pérdidas.
El estudio también evidencia cambios en la composición de la inversión en investigación y desarrollo. Los productos químicos convencionales siguen representando la mayor parte del gasto, con el 90% del total en 2023, pero la inversión en productos biológicos viene creciendo. Su participación pasó del 7% en 2014 y 2019 al 10% en 2023, lo que refleja una diversificación de las soluciones disponibles para los agricultores.
El informe también muestra que la innovación sigue siendo una prioridad para las compañías de investigación y desarrollo que participaron en el estudio. Aunque el gasto total en I+D disminuyó frente a 2019, estas empresas destinaron 9,8% más recursos a la investigación de nuevos ingredientes activos, confirmando su compromiso con el desarrollo de nuevas soluciones para una agricultura más productiva, segura y sostenible.
América Latina necesita acceso oportuno a nuevas tecnologías
Para América Latina, estos hallazgos son especialmente relevantes. La región es una potencia agrícola global y tiene un papel estratégico en la seguridad alimentaria, la sostenibilidad y el comercio internacional de alimentos. Sin embargo, para aprovechar todo su potencial, los agricultores necesitan acceso oportuno a tecnologías innovadoras, seguras y evaluadas con criterios científicos.
El estudio muestra que América Central y del Sur representó el 17% del gasto regionalizado en desarrollo y stewardship en 2023, equivalente a US$52 millones. Esta cifra confirma la importancia de la región dentro de los procesos de adaptación, validación y acompañamiento de tecnologías para la protección de cultivos.
Pero la innovación solo genera valor si puede llegar al campo. Cuando los procesos regulatorios son excesivamente lentos, impredecibles o desconectados de la evidencia científica, se limita el acceso de los agricultores a herramientas necesarias para enfrentar los desafíos productivos, ambientales y comerciales.
Regulación basada en ciencia para una agricultura más sostenible
El mensaje del estudio es claro: innovar en protección de cultivos exige inversión, tiempo, investigación rigurosa y procesos regulatorios sólidos. Por eso, la regulación basada en ciencia es la vía para garantizar que las nuevas tecnologías sean evaluadas con rigor, transparencia y eficiencia.
Marcos regulatorios modernos permiten proteger la salud humana y el ambiente, al tiempo que facilitan el acceso oportuno a soluciones que contribuyen a una agricultura más productiva, resiliente y sostenible.
En un mundo que demanda más alimentos, producidos de manera responsable y con menos presión sobre los recursos naturales, la innovación agrícola es indispensable. Y para que esa innovación llegue a quienes más la necesitan —los agricultores— es fundamental fortalecer sistemas regulatorios basados en evidencia, cooperación técnica y confianza en la ciencia.
