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Junio 14 de 2023

 

Funcionarios delServicio Fitosanitario del Estadoy del Ministerio de Agricultura y Ganadería realizaron un operativo en varias fincas en el que encontraron un cultivo ilegal de la variedad de piña rosada conocida como "rosé". Los cultivos fueron destruidos, tomaron medidas cautelares e inició un proceso judicial. 

La innovación agrícola permite que países como Costa Rica se consoliden como líderes exportadores de productos de especialidad y competir por calidad y no por precio. Para que esto sea una realidad se requiere de mecanismos que permitan y fomenten la innovación, el uso correcto de las tecnologías y el respeto de la propiedad intelectual de los desarrolladores. 

En este caso en particular, la variedad de piña rosada dispone de protección internacional por título de obtentor vegetal RVP- 18-Piñ-01-001 otorgado por la Oficina Nacional de Semillas de Costa Rica desde el 2018. Es además, un material regulado por la Ley 7664 y su reglamento 26921-MAG. Lo anterior obliga a una autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado de Costa Rica, que se otorga caso a caso mediante un Certificado de Liberación al Ambiente. El mismo caso ocurre para la investigación y desarrollo de semilla de exportación como algodón y soya que se producen exclusivamente en países como Chile y Costa Rica por ser países de contra estación con marcos legales robustos.

piña rosaFoto https://www.crhoy.com/economia/destruyen-siembra-ilegal-de-costosas-pinas-rosadas-en-pital-de-san-carlos

El marco jurídico con el que disponen los países, y en este caso de Costa Rica compuesto por la Ley Fitosanitaria 7664, el Reglamento 26921-MAG, el Reglamento de Auditorías 32486-MAG, el Protocolo de Cartagena Ley 8537, La Ley de Agricultura Orgánica 8591, Ley de Salud Animal 8495 y la Ley de Biodiversidad 7788 deben respetarse y cumplirse. Este cuerpo jurídico es el que permite el uso de innovaciones agrícolas de manera segura y en convivencia con otras tecnologías.

El cultivo ilegal de materiales como la piña rosada pone en riesgo el comercio de Costa Rica y puede ser sancionado con cárcel según la normativa nacional (Art 73 Ley 7664).  

El cumplimiento de las normas es un mensaje claro a la seguridad jurídica de Costa Rica, y es también un ejemplo a seguir para países en América Latina para no permitir el uso fraudulento, plagio e irrespeto a la inversión en el sector agrícola.